(Publicado en La Nación, Sección Opinión, 24/06/05)

Por respeto al Inamu

No podemos confundir o suavizar el diagnóstico con el fin de sacar al Inamu de la crisis

Ana Isabel García Quesada

Después de cuatro años de trabajo con Josette Altmann, entonces primera dama, no puedo omitir el apoyo que nos brindó para impulsar un cambio radical en la institucionalización de las políticas de equidad entre mujeres y hombres en el país. Esto significó el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades (PIOMH), el Plan Nacional contra la Violencia Doméstica (Planovi), que sustituyó al Centro Mujer y Familia (CMF) por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Sin su apoyo hubiera sido más difícil impulsar esos cambios.

Precisamente por eso me cuesta entender las razones que le mueven a hacer un análisis tan parcial de la situación actual del Inamu (La Nación, 21/5/05). En especial porque su punto de partida es la tensión en el ejercicio de la función pública y a la visión de largo plazo que entonces calificamos de "Apuesta estratégica" (título del último informe de labores del CMF).

Su interpretación parece enmarcada en la sorpresa. Dice: "En todo este tiempo, los gobiernos han hecho esfuerzos por seguir avanzando (...) en el fortalecimiento del Inamu. Pero precisamente por esa razón, me preocupa lo que parece estar sucediendo actualmente en el Inamu". Pareciera que los problemas de la institución fueran de ahora mismo, como un rayo en un cielo sereno.

Lista de la vergüenza. Nada más lejano de la realidad. Hace mucho que el Inamu no está jugando la apuesta estratégica. Desde 1998, no ha vuelto a elaborar un plan de igualdad o una política nacional. La descompensación temática, las irregularidades y las dificultades operativas han sido demasiado frecuentes, al punto de que hoy integra esa lista de vergüenza de las instituciones públicas que no consiguieron ejecutar su contribución a la acción social del Estado, que asciende a ¢1.200 millones. En suma, lo que ha faltado en el Inamu es orientación estratégica.

En ausencia de dirección estratégica, el rumbo se ha ido basando cada vez más en el cuerpo técnico, contrario a la Ley constitutiva del Inamu, que establece claramente que esa responsabilidad es de los órganos de dirección. Además, su cuerpo técnico no es uniforme: junto a personas que saben qué es trabajar en la administración pública, hay quienes parecen actuar como si estuvieran en una ONG grande. ¿Hemos olvidado que, hace poco, la dirección del Inamu tuvo que disculparse ante la Asamblea porque un comunicado de uno de sus departamentos agravió públicamente a diputadas y diputados?

Comenzar por la función. La tolerancia no puede confundirse con la idea de que cada funcionaria técnica puede hacer lo que le parezca. Y en cuanto al respeto al que alude, me parece que debe comenzar por respetar la función pública y, en general, las reglas del juego democrático. Hay una confusión al respecto, documentada en esta pinta en la zona este de San José: "El Inamu es de las mujeres y no del PUSC". Desde luego, una institución estatal no puede ser patrimonio de un partido político (ni de un grupo religioso, para decirlo todo). Eso fue algo que quedó claro cuando dirigí este mecanismo nacional. Pero creo que es incorrecto decir que el Inamu pertenece a las mujeres; no, el Inamu es una institución pública y, como tal, pertenece a todos los habitantes del país, mujeres y hombres. Y fueron sus representantes legítimos los que crearon una entidad pública para promover la equidad entre mujeres y hombres. No entender la diferencia conduce al irrespeto a la función pública, como ha sucedido desde dentro y fuera del Inamu.

Comparto con Josette Altman y muchas otras personas la necesidad de defender y fortalecer el Inamu . Su función es y será necesaria para avanzar aquí hacia la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Y me parece oportuno un acuerdo amplio para dar nuevo aliento a esta tarea. Pero, por respeto al Inamu, no podemos confundir o suavizar el diagnóstico si queremos de verdad sacarlo de la grave crisis que lo amenaza.

(Publicado en La Nación, Sección Opinión, 21/05/05)

Tolerancia y respeto

La discriminación de las mujeres, reproducida a diario, está anclada con firmeza en la cultura

Josette Altmann Borbón

El ejercicio de la función pública y de gobierno es una actividad compleja donde las presiones de todo tipo están a la orden del día, buscando marcar el rumbo de las decisiones principales. Es con sentido común, pero, sobre todo, con claridad en las metas, lo que contribuye a que una cometa menos errores de los cotidianamente posibles.

Una de las metas asumidas por todo el equipo de gobierno cuando fui Primera Dama fue el fortalecimiento de las acciones públicas a favor de las mujeres. La apuesta estratégica, como la llamamos entonces, tuvo como objetivo romper el asistencialismo, el paternalismo estatal y la dispersión de la mayoría de los programas.

El viraje apostó a las políticas públicas, de gobierno y de Estado, destinadas a atacar las principales causas de discriminación y abrir nuevas brechas para la participación social, política y cultural de las mujeres para convertirnos en agentes de desarrollo.

Este proceso de negociación, que se inició de manera transparente, culminó con la aprobación consensuada de la Ley constitutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, que vino a fortalecer la institucionalidad y la autonomía de este mecanismo nacional. Se abrió así una nueva etapa en la historia de los derechos humanos de las costarricenses.

En ese momento, apostamos por un instituto fuerte y reconocido, comprometido con el cambio, sin miedo de convocar y proponer nuevos caminos para hacer efectivos nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Un instituto cobijado en los valores de equidad, solidaridad y tolerancia, inherentes al concepto de patria que compartimos la mayoría de costarricenses.

Nueva normativa. En los ocho años que han transcurrido, iniciamos un período en el que participamos activamente y nos adherimos entusiastas a la Plataforma de Acción de Beijing, se ratificaron y apoyaron otros instrumentos internacionales de derechos de las mujeres y, en consonancia con ellos, se promulgó nueva normativa nacional.

En todo este tiempo, los gobiernos han hecho esfuerzos por seguir avanzando por el camino de derechos de las mujeres y el fortalecimiento del Inamu. Pero, precisamente por esta razón, me preocupa lo que parece estar sucediendo actualmente en el Inamu.

Pienso que la intolerancia, el fundamentalismo y el autoritarismo riñen con la esencia misma y los fines para los que fue creado el Inamu. Si tenemos presente las múltiples y cotidianas discriminaciones de que somos objeto, el reconocimiento y respeto a nuestras diversidades como mujeres es consustancial a cualquier política pública que desee ser exitosa y transformadora.

Es de todos conocido que la discriminación de las mujeres está anclada con firmeza en la cultura, y que es reproducida a diario por diversas instituciones sociales. Que el rol del Inamu tiene necesariamente que ser propositivo y persuasivo de la necesidad de cambio cultural hacia una mayor equidad y el bienestar de hombres y mujeres.

Y es en este proceso donde se enfrentan presiones y grandes intereses tradicionales, a los cuales hay que responder con respeto, pero también con firmeza, con ideas y convicción. Lo sabemos por experiencia. Me pregunto si se está gestando otro golpe a la institucionalidad de Costa Rica, esta vez dirigido a la autonomía del Inamu, que nos avisa de la llegada al país de la nueva oleada conservadora en el mundo.

Hoy podría ser el Inamu, pero también se han cuestionado las políticas en salud y educación. ¿Acaso iremos a llegar a un país adonde existen temas tabú, en donde pensar sea un delito y donde el estado confesional sea el gran gendarme de las ideas y las prácticas sociales?

Deseo expresar mi voto de confianza al personal del Inamu, profesionales de alta calidad técnica y compromiso decidido y permanente con los derechos fundamentales de las mujeres costarricenses.

Y quisiera invitar a la comunidad nacional a pronunciarse al respecto. Es nuestro deber y obligación si creemos que Costa Rica debe seguir transitando por los caminos de la tolerancia y el respeto por los derechos humanos.