FAMILIA GAY EN ESPAÑA: LA GUERRA DE LOS IDEALISMOS

Enrique Gomáriz Moraga

Este viaje a Madrid me refleja la imagen de un país ideológicamente dividido. Llego la víspera del día en que una masiva manifestación, que parte de Cibeles hacia la Puerta del Sol, protesta contra la previsible aprobación por ley de los matrimonios entre homosexuales. Quince días después, dejo el país cuando la mayoría socialista y de Izquierda Unida aprueba esa normativa en el Congreso, tras haber sido rechazada en el Senado, y alcanzo a escuchar cómo el propio Jefe de Gobierno, Rodríguez Zapatero, reconoce que hay “mucha, mucha gente que se opone a esta decisión”. Queda un sabor agridulce en mucha gente, como si se hubiera abortado un debate que comenzaba a desbordar las élites para llegar al seno de la sociedad, como si una decisión que debería expresar mayores cotas de libertad, se haya procesado con excesivos tonos de imposición política. Una reflexión más a fondo sobre esta división ideológica refiere a la inagotable batalla de dos idealismos en torno al tema crucial de la familia.

El idealismo familista de la derecha

No cabe duda de que la manifestación contra el proyecto de Ley fue un éxito que incluso sorprendió a los organizadores. El diario El País, llevó el tema a portada al día siguiente y tituló: “Obispos y líderes del PP se unen a la marcha masiva contra las bodas gays”. La convocatoria fue hecha por el Foro Español de la Familia, bajo un lema amplio: “La familia sí importa”. Y parece cierto que existe una gran cantidad de sectores que se oponen a la reforma al código civil que legaliza el matrimonio entre homosexuales. Incluyendo el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y el Senado. Pero no es menos cierto que en este amplio conjunto hay un núcleo duro, que se nutre del familismo católico, que tiene una visión ideológica, idealista en el peor de los sentidos, sobre la familia.

Para este sector, la familia es por definición el mejor de los espacios de reproducción, socialización, amor y protección, que puedan tener sus miembros y, en especial, los hijos e hijas. Basta con que la familia sea completa en el sentido nuclear (madre, padre e hijos), para que ese espacio positivo se constituya automáticamente. Incluso si hay problemas, nada mejor que solucionarlos en familia.

Sin embargo, hace tiempo que la información más rigurosa nos dice que esto no es cierto en absoluto. El espacio de la familia biparental parece ser el mejor cuando realmente funciona, pero hay una apreciable cantidad de familias disfuncionales de este tipo (biparentales) que hacen del espacio familiar un verdadero infierno. Es decir, el hecho de que existan la figura paterna y la materna no garantiza un espacio familiar satisfactorio, o, dicho de otra forma, como sucede con frecuencia, la sustitución de una familia biparental que está disfuncionando por una familia monoparental puede ser un paso positivo para todos, incluyendo los hijos e hijas.

El idealismo familista hace tiempo que tiene una tendencia a la negación de los cambios en la composición de los grupos familiares. Pero cuando se le demuestra que la familia nuclear tradicional (padre proveedor, madre reproductora, y un número no muy alto de hijos) ya no es numéricamente mayoritaria en el conjunto de los arreglos familiares, siempre adopta una salida ideológica: el hecho de que haya otras formas de familia que se extienden no quiere decir que debamos aceptarlo moralmente, así como, en otro plano, no aceptamos el hecho constatable de la extensión de la delincuencia.

Ante esta posición suelen haber varias respuestas. Una consiste en no asistir al debate moral y mantenerse en una perspectiva estrictamente pragmática: entre otras razones, argumentando que nadie sabe qué es lo mejor en este tema. Ciertamente, esta actitud se aproxima con frecuencia al relativismo moral, algo que es posible en el plano individual si se quiere, pero no lo es en el campo de lo público. En el espacio de las políticas públicas, existe el imperativo moral de estudiar qué es lo mejor para el conjunto social, entre otras razones, porque ese es cada vez más un fundamento necesario de la democracia.

La otra respuesta consiste en acudir al debate moral, pero no necesariamente desde una moral religiosa, sino desde una moral laica, basada en el desarrollo de los derechos humanos. Desde esta óptica, no sólo el conjunto familiar tiene derechos, ni son siempre necesariamente los que priman (como sostienen los familistas), sino que también cuentan los derechos de cada uno de los miembros, en sus distintas condiciones y relaciones (mujeres, hombres, niños y adolescentes de ambos sexos, adultos mayores, etc.). En cada circunstancia hay que examinar el conjunto de derechos, que muchas veces se articulan y otras veces colisionan. En todo caso, un buen punto de partida es no pensar que sólo se plantean un tipo de derechos (de las mujeres, de la infancia, etc.) en un espacio vacío, porque regularmente sucede todo lo contrario: hay un número apreciable de derechos que interactúan entre sí.

La antropología idealista del progresismo

La portavoz del gobierno de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, afirmaba ante la gran cantidad de manifestantes contrarios a legislar a favor de los matrimonios entre homosexuales, que “ellos deben de entender que se trata de una normativa que no obliga a nadie hacer algo que no quiera hacer”. La idea, que no deja de tener un cierto tonillo defensivo, puede ser discutible para el mundo adulto, pero desde luego es absolutamente incorrecta para los menores de edad. Los niños y niñas, biológicos o adoptados, suelen ir bastante a pié forzado si su madre o su padre deciden establecer una pareja conviviente del mismo sexo; especialmente si son de corta edad.

Ahora bien, la pregunta es ¿tienen algún derecho en juego esos niños, de carácter sustantivo, más allá de aceptar en silencio o no las circunstancias? Es interesante al respecto ver las opiniones de las y los españoles en esta materia. Más allá de las perspectivas propias, los diferentes sondeos ofrecen una imagen aproximada: hay un 60% favorable al matrimonio entre homosexuales y el 40% restante en contra; pero esa proporción cambia cuando se pregunta por el derecho de los homosexuales a adoptar menores (algo más del 40% está de acuerdo). Un universo mucho mayor coincide en cuanto a que lo importante en este tema es el bienestar del niño o niña (un 75%). Es decir, todo indica que existe en el público un cierto criterio, aunque sea por aproximación, en cuanto a la necesidad de distinguir entre: a) el derecho humano de las personas adultas a decidir su orientación sexual, y b) la necesidad de saber si las niñas y niños tienen algún derecho propio y sustantivo en este contexto.

Como en el caso del idealismo familista, hay quienes consideran que la anterior distinción es innecesaria porque en este tema sólo hay un tipo de derechos a considerar: el de los homosexuales. Así, por ejemplo, si se trata de las adopciones, lo que hay que comparar es el derecho de los adultos heterosexuales con el de los homosexuales, para observar que no haya discriminaciones al respecto. Pero no se dice una palabra de si los adoptados tienen o no algún derecho. ¿Y qué derecho podrían tener en este contexto? La respuesta a esta pregunta refiere inmediatamente al derecho de los niños y niñas a ser educados en una familia donde existen las dos figuras sexuales básicas de la especie humana: femenina y masculina. Algo que también sería un derecho humano entre los restantes. Sin embargo, cuando se llega a este punto, el núcleo duro de quienes defienden la reforma normativa sostiene que a estas alturas las personas pueden elegir su adscripción sexual a voluntad; por lo que también pueden formar las familias de acuerdo con su propio criterio.

Es decir, se sitúan en el centro de una antropología idealista, que tiene dos principales expresiones. La primera consiste en considerar que la especie humana se ha desprendido por completo de su anclaje biológico y se encuentra “libre” para volar por el éter cultural. Sólo de esta forma podremos librarnos del dimorfismo sexual propio de nuestra especie, perteneciente –hasta que no se nos ordene lo contrario- al orden de los mamíferos. Esta opción no sólo supone una peligrosa pérdida de realidad, sino también una ofensa al mundo natural y a la perspectiva ecológica. Es decir, supone la flagrante contradicción de ser defensores del equilibrio biológico y, al mismo tiempo, saltar a un lado para sacar limpiamente a la especie humana del medio natural. Todo un ejemplo de soberbia antropocéntrica, cuando parecía que habíamos aprendido algo de la crítica a los modelos de desarrollo depredadores del ambiente. Ahora, los seres humanos ya no tenemos entidad física perteneciente al mundo natural: somos una entelequia cultural o simplemente almas libres de nuestro cuerpo biológico. El viejo idealismo religioso regresa por caminos inescrutables.

La otra expresión es menos idealista pero no menos extraviada. Se acepta que pertenecemos al mundo natural y que, por tanto, no podemos desprendernos de nuestro dimorfismo sexual, pero, dado que progresivamente las diferencias entre mujeres y hombres están desapareciendo, el hecho tangible de la diferencia biológica sexual es cada vez menos relevante. Alguien podría sorprenderse de que esto pueda argumentarse después de veinte años de descubrimientos científicos acerca de cómo el anclaje biológico cuenta en el comportamiento y las sensibilidades específicas de mujeres y hombres, o después de una cantidad semejante de años de feminismo de la diferencia, estudios de género y definición de la equidad: igual dignidad de seres humanos diferentes. Ahora, cuando los estudios de género más actualizados nos dicen que hay que abandonar las posiciones culturalistas extremas, para adoptar un enfoque más equilibrado sexo-género, resulta que las cosas se colocan como si los intereses del colectivo homosexual nos obligan a retroceder.

En suma, salvo que caigamos en antropologías idealistas de distinto tipo, el dimorfismo sexual de la especie humana cuenta de manera central. En realidad, sin este hecho fundamental, el reto de la equidad de género carece de sentido. Las almas libres de todo contagio biológico, o mujeres y hombres exactamente iguales, no tienen necesidad alguna de un nuevo contrato social y personal en materia de género. Como suele suceder con los idealismos ideológicos, su ropaje progresista oculta, voluntaria o involuntariamente, una orientación inmovilista o retardataria.

Pero entonces, si el dimorfismo sexual de la especie humana cuenta, todo parece indicar que debería contar especialmente en los espacios de socialización y simbolización iniciales de la humanidad, que hasta ahora se procesan principalmente a través de las familias. Es decir, no parece haber mucha duda de que niñas y niños tienen un derecho sustantivo a contar con las figuras materna y paterna en ese contexto. Otra cosa es si ese derecho es el único existente en un espacio vacío, o, por el contrario, existen otros derechos que es necesario tomar en consideración, tanto respecto de los otros miembros de las familias, como de los propios niños y niñas. Pero negar el derecho humano a ser educado por ambas figuras, masculina y femenina, por definición ideológica, cálculos políticos o cualquier tipo de intereses adultocráticos, es algo que ningún gobierno que busca el bien común debería promover.

Un enfoque realista y progresista

Así, pues, un enfoque realista y progresista tiene como punto de partida tomar distancia de esta guerra de idealismos: las familias compuestas de figura paterna y materna no son el mejor de los mundos por definición, como sostiene el familismo de derechas, pero tampoco es cierto que el dimorfismo sexual de la especie humana sea ya una nota bene, sobre todo para niñas y niños, como sostiene una perspectiva antropológica ideológica.

Desde esta perspectiva, es necesario conciliar el derecho humano de las personas adultas a elegir su preferencia sexual y vivir de acuerdo a ella y el derecho humano a ser educados en familias que incorporen la riqueza del dimorfismo sexual propio de la especie humana. Es decir, por un lado se trata de examinar los derechos que afectan al mundo adulto y, por otro lado, la relación de estos con los propios de la niñez.

La cuestión consiste en saber si, a partir del derecho a elegir preferencia sexual, es posible organizar grupos familiares de convivencia sostenida. No hace falta una larga argumentación para deducir que si existe el primer derecho debe existir el segundo: las relaciones sexuales estables conforman grupos familiares de hecho y deben reconocerse de derecho. El segundo paso consiste en saber si esos grupos familiares parten o no del matrimonio. Desde luego, es sabido que hay familias que no tienen como base la existencia de un matrimonio: las familias monoparentales, la convivencia entre hermanos, y un largo etcétera, que incluye las familias homosexuales. Así, la cuestión en disputa se precisa: saber si la unión de una pareja homosexual puede considerarse un matrimonio; o dicho de otra forma, si el término matrimonio puede identificar indistintamente una unión entre una mujer y un hombre o entre dos personas del mismo sexo.

Hay dos soluciones al respecto. Por un lado, la que prefieren los homosexuales, que consiste en que la misma figura, el matrimonio, identifique la unión tanto de heterosexuales como de homosexuales. La desventaja de esta opción es que desconoce el valor del dimorfismo sexual. La ventaja es que asegura que no haya discriminaciones entre las uniones por opción sexual. En todo caso, para lograr una forma adecuada de esta opción, ha de tenerse cuidado en que se formule sin que dé lugar a confusiones, por ejemplo, abriendo tanto el contrato nupcial que dé lugar a la posibilidad de matrimonios entre dos personas cualesquiera, entre padre e hija, hermanos, etc.

La otra fórmula es la que se ha elegido en la gran mayoría de los países europeos que han tratado este tema: establecer una figura específica para las uniones del mismo sexo, que tiene semejantes derechos a la unión heterosexual, pero dejando la figura del matrimonio para la unión entre un hombre y una mujer. La ventaja de esta fórmula es que valora y diferencia el dimorfismo sexual de la especie humana y la desventaja reside en que hay que tener permanente cuidado de que los derechos semejantes no introduzcan detalles que sean en realidad diferencias producto de discriminaciones objetivas. Es importante consignar que esta fórmula es la preferida por una gran cantidad de las personas que han optado y optan por una figura jurídica, el matrimonio, que significa la unión entre un hombre y una mujer. Y es cierto que esa gran mayoría tiene el derecho a que su unión tenga una identidad propia y no se confunda con la de las personas de un mismo sexo. Al igual que muchas minorías, incluyendo los homosexuales, reclaman muchas veces que se reconozca la particularidad que les identifica, se supone que ese derecho no se pierde por el hecho de constituir una gran mayoría.

En cuanto a la relación de los derechos de las personas adultas con los propios de la infancia, parece que el derecho de los homosexuales a no sufrir discriminaciones en cuanto a la procreación o a la adopción, es algo que se refiere a la comparación entre adultos heterosexuales y homosexuales, pero que, además, tiene que tomar en consideración irremisiblemente los derechos de niños y niñas. Y en este punto, parece completamente cierto que uno de los derechos básicos de la infancia consiste en ser cuidado y educado por las dos figuras constitutivas de la especie humana, femenina y masculina.

Ahora bien, como apuntamos, los derechos no suelen existir en solitario. Además de este derecho hay muchos otros más que la infancia posee, que pueden asociarse o colisionar con el anterior. Es decir, impedir la adopción de un niño por una pareja homosexual en cualquier circunstancia, puede ir contra los intereses autónomos del niño. Hay que recordar el caso resuelto a favor de la pareja homosexual por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica, en que el niño, después de varios intentos con parejas heterosexuales, fue abandonado a su suerte y una pareja homosexual se hizo cargo y, de acuerdo al PANI, estableció para el menor de edad mejores condiciones de vida. Rechazar la decisión del PANI por razones ideológicas tampoco parece razonable ni humano. Es decir, la normativa sobre adopciones, que ya establece condiciones para realizar ese acto, debe ponderar como un factor entre otros, el derecho de los niños y niñas a tener una madre y un padre. Sin mediar ideologías idealistas de uno u otro tipo.

La forma más saludable de elegir entre una figura única (el matrimonio) o dos figuras de contrato nupcial, es consultando lo más directamente posible a la ciudadanía. Las parejas homosexuales tienen todo el derecho a solicitar la primera fórmula, pero esto no debería hacerse contra la opinión de una gran mayoría. Y ésta tiene también todo el derecho de mantener la figura del matrimonio para la unión entre una mujer y un hombre. Un debate abierto y una decisión por consulta popular es lo más recomendable para decidir esta cuestión.

El contexto español y los procedimientos

Un problema añadido para lograr un debate abierto refiere al contexto político español, particularmente marcado por la crispación en esta coyuntura. Tras su sorpresiva victoria electoral, el propio Zapatero aceptó que el mapa de los resultados mostraba una reedición de las dos Españas, y, en ese cuadro, aseguró un nuevo talante negociador. Sin embargo, la oposición le acusa de que, pese a esas promesas, el gobierno no ha hecho otra cosa que llevar adelante su programa electoral, apoyado en la mayoría que le ofrece la alianza con Izquierda Unida y algunos sectores nacionalistas, sin negociar realmente nada con la oposición. Así habría sucedido con asuntos especialmente sensibles, que van desde la política antiterrorista hasta el tema de los matrimonios homosexuales. Eso habría dado la razón a los duros del Partido Popular, en cuanto a la necesidad de una estrategia de acoso y derribo del gobierno socialista. El resultado más palpable de esta situación es la ruptura de temas que se consideraban de Estado, como el Pacto antiterrorista por las libertades, y el establecimiento de un clima general de polarización bastante irrespirable.

En este contexto, un debate como el referido a los matrimonios homosexuales no podía sino desatar los viejos demonios familiares de España: la tendencia al etiquetaje, la exageración de los argumentos, la discusión por polos opuestos, el sectarismo, etc. Todo aquello que, como dijo recientemente Ignacio Sotelo, hace que España vuelva a ser diferente. Y los llamados a sosegar el debate no arreglan las cosas. Soy testimonio de ello. Se me ocurrió la genial idea de publicar un artículo en un diario de gran circulación, titulándolo “Nuestros verdaderos demonios familiares”, donde me quejaba de la polarización y las exageraciones que impedían a muchos progresistas exponer sus dudas, y el resultado más palpable fue dividir a familiares y amigos: unos me felicitaban y otros me acusaban de favorecer a la derecha.

Pueden ponerse algunos ejemplos ilustrativos de la polarización del debate. Uno se refiere al recurso de la ciencia. Entre los expertos invitados al debate en el Senado, el Partido Popular convocó a un psiquiatra, catedrático de la Universidad, que utilizó su tiempo para exponer los duros métodos por él utilizados para corregir la enfermedad del homosexualismo, asegurando además los grandes resultados alcanzados. El alboroto que provocó la intervención, dio lugar a la tendencia hacia el polo opuesto: al día siguiente, el diario El País editorializaba sobre el hecho y aseguraba que la ciencia no tiene nada que decir en el debate sobre el matrimonio homosexual y las adopciones.

Como si la dramática desactualización científica del psiquiatra de marras, nos obligara a expulsar a la ciencia de todo el escenario del debate. Desde luego, las ciencias no tienen respuestas de la misma solidez para los distintos niveles de la discusión. Por ejemplo, no existe consenso sobre los efectos que tiene para los niños y niñas el ser adoptados por parejas homosexuales: hay diversas investigaciones que muestran resultados contrarios. Se sabe que, en determinadas condiciones, el bienestar de los menores adoptados aumenta apreciablemente, pero también se reconoce que las niñas y niños sufren alto riesgo de etiquetaje en los colegios o que la proporción de hijos, biológicos o adoptados, que optan por la homosexualidad es considerablemente más alta en familias dirigidas por parejas homosexuales.

Tampoco se tiene claridad de cómo afecta a los menores determinados comportamientos hasta ahora característicos del universo homosexual. En el mes de mayo, el Instituto Nacional de Estadística, dio a conocer los resultados de una encuesta sobre conductas sexuales en España, donde se muestra algo ya sabido, que la promiscuidad entre las personas homosexuales es mucho más alta que entre los heterosexuales, y que eso es muy notable entre los varones: un 17% de los hombres heterosexuales tienen más de una pareja sexual al año y esa cifra se eleva al 67% en el caso de los homosexuales. ¿Qué efectos puede tener esto para niñas y niños en el seno de una familia homosexual? ¿Les producirá inestabilidad emocional o, en un sentido contrario, la presencia de menores va a tener un efecto anclaje entre los homosexuales, como sucede de hecho entre los heterosexuales? En general, el fenómeno es todavía bastante reciente como para tener conclusiones definitivas.

Pero una cosa es que la ciencia tenga poco consenso en este nivel del asunto y otra que no tenga nada que decir en niveles más básicos. El dimorfismo sexual de la especie humana es un consenso científico irrefutable y ese hecho cuenta de manera central en psicología, antropología, medicina y un largo etcétera científico. Restarle valor a esa marca estructural no puede hacerse precisamente desde la ciencia. Y dar el salto desde esas certezas básicas a niveles más complejos no debe hacerse sin cuidado, tanto en un sentido como en otro. Todo indica que, aunque no podamos saber con precisión el efecto social que pueda tener la adopción de menores por parejas homosexuales, deberíamos movernos con prudencia en este asunto, al menos desde los poderes públicos.

Elvira Lindo, con bastante honradez intelectual, desde una columna del diario El País, daba respuesta a mi solicitud de prudencia, ante nuestras dudas: “Aún reconociendo que los sometemos a un trauma, no por ello dejamos de divorciarnos, ni renunciamos a nuestros cambiantes deseos amorosos. La realidad se impone a nuestras ideas morales, a nuestras dudas, que son legítimas, claro que sí”. Insisto, una cosa es pensar este asunto desde la moral individual y otro desde la pública: en este plano no podemos dejar de esforzarnos en pensar qué es lo que más favorece al bien común.

Otro ejemplo de la mencionada polarización en España se refiere al tema de los derechos y está relacionado con la reflexión anterior. Cada actor defiende su derecho como si no existiera más que ese o tuviera que ser dominante obligadamente. La argumentación de los homosexuales consiste en evitar que haya cualquier diferenciación con los heterosexuales, tanto en el matrimonio como en las adopciones. Y desde el polo opuesto, el Foro de la Familia considera que uno de los derechos de infancia es el único que importa: el de ser educados con figura masculina y femenina. Por esa razón su planteamiento también es excluyente: consideran que las adopciones sólo deben hacerse por parejas heterosexuales. Como apuntamos anteriormente, las niñas y niños tienen muchos más derechos (cuidado, alimentación, afecto, etc.) y cerrar la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales puede ir contra los intereses autónomos de muchos niños y niñas. La verdadera pregunta es pues: ¿no sería posible una normativa que armonizara el conjunto de los derechos en juego: los de los seres adultos, tanto homosexuales como heterosexuales, los de la infancia, los de la familia en su conjunto?

A la vista está que esa armonización no ha sido posible en el crispado escenario español. Una razón tiene que ver con el hecho de que la polarización ideológica refiere a la existencia de esos núcleos duros existentes en cada posición en liza. Pero la pregunta entonces consiste en saber por qué socialistas y populares no logran dejar de ser cautivos de esos núcleos duros. Sobre todo, en el caso del talante abierto de Rodríguez Zapatero. La crítica que se le hace desde círculos socialistas es que ello guarda relación con dos asuntos: la fuerte presencia de homosexuales en el aparato del partido y la reflexión sobre la necesidad de consolidar una estrategia de mayorías.

El ascenso de homosexuales en la cúpula del PSOE parece que se aceleró con la necesidad de incorporar nuevos cuadros para sustituir a los que adquirían responsabilidades en el gobierno. La llegada de Pedro Zerolo, líder del colectivo homosexual, a la Secretaría de relaciones con movimientos sociales, simbolizó bastante la solidez del ascenso. Como suele ocurrir con las minorías perseguidas, sutil y progresivamente otros miembros del mismo colectivo comenzaron a ocupar puestos importantes en la maquinaria partidaria. Esa situación, junto a un cierto exhibicionismo creciente (que obligó a Zapatero a pedirles tranquilidad) ha causado no poca molestia en las filas socialistas. Pero la presión interna consiguió cambiar a un Zapatero que hace sólo un año estaba reticente al tema de las adopciones de menores por parejas homosexuales.

El otro asunto guarda relación con la necesidad que tiene el PSOE de Zapatero, de pasar del cuadro que muestran los pasados resultados electorales, de una España dividida prácticamente por la mitad, a la consolidación de una mayoría más amplia y segura. Un sector del PSOE parece inclinado a la estrategia de ir estableciendo alianzas sectoriales (juventud, feministas, homosexuales) para lograr alcanzar esa mayoría. Sin embargo, como muestran otros casos, la idea de consolidar una mayoría a partir de la suma de minorías tiene sus riesgos, algo que experimentó en su propia carne el candidato John Kerry. Esa estrategia de ir acogiendo las reivindicaciones de las minorías no puede pensarse como una simple suma aritmética, porque algunas propuestas de las minorías pueden afectar el voto de grandes sectores de población, especialmente del enorme universo de indecisos. Algo que los expertos de la campaña de Bush supieron aprovechar plenamente. Cabe preguntarse si la oposición española no estará ya aprovechando ese fenómeno para recuperarse de su caída.

En todo caso, el cierre del capítulo de la aprobación de la normativa que permite a los homosexuales casarse y adoptar en España, no ha tenido un buen sabor de boca. La tesis de Zapatero en meses anteriores es que la aprobación de esta normativa aumentaba las cotas de participación y libertad de la sociedad española. Sin embargo, conforme se acercaba la hora de la votación se ha ido produciendo una paradoja: el discurso del Gobierno ha ido adoptando tonos defensivos y las posiciones de los contrarios a la normativa se han hecho en términos de reivindicaciones democráticas. Desde la enorme manifestación de mediados de junio se consolidó la petición referida a un gran debate público y a resolver el tema mediante una consulta popular. De hecho, el Foro de la Familia ha recogido ya más un millón de firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular para lograr un referéndum. Y sus reclamaciones adquieren consistencia: el jefe de gobierno ha recibido varias veces a los representantes de colectivos homosexuales y ni una sola a los representantes de diversas entidades que se oponen a la normativa (incluyendo el propio Foro de la Familia). Algo semejante a lo que ha sucedido con el orden de prioridades de ejecución de su programa electoral: el PSOE tiene un amplio apartado referido a la necesidad de apoyar a las familias, pero no ha puesto en marcha ninguna de sus medidas ¿por qué anticipar el matrimonio homosexual?

Puede que el gobierno haya adoptado la estrategia de impulsar primero lo más controversial, en la idea de que, como sucedió otras veces en el pasado, los temas controversiales (divorcio, aborto terapéutico, etc.) dejaron de serlo con el paso del tiempo. Sin embargo, también es cierto que la mala resolución de temas sensibles puede dar lugar a heridas abiertas. ¿Cuál será el caso en esta oportunidad? Todo indica que la oposición política, principalmente el Partido Popular, está observando cuál es la verdadera fortaleza de la resistencia social, que ha llamado a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia a los funcionarios de los poderes públicos, mientras se resuelve la iniciativa legislativa popular para convocar a un referéndum, algo que se tramitará a la vuelta de las vacaciones de verano. Es muy probable que esa iniciativa sea negada por la actual mayoría en el Congreso. Pero resulta curioso que la actitud del gobierno sea la de cerrar lo más rápidamente posible la discusión sobre el asunto. Ello está cargando de razón a la oposición, cuya imagen es ahora la que mostraban los jóvenes que entregaron las firmas al Congreso: una máscara blanca con un tachón que les cierra la boca. Imagen que fue reproducida por todos los medios de comunicación. Como también fue una evidencia que, en el último minuto, Rodríguez Zapatero pidiera hacer una justificación del voto no prevista en el plenario del Congreso, y el Presidente de esa Cámara, también socialista, no permitiera que hiciera lo mismo el jefe de la oposición. El broncazo fue mayúsculo, dentro y fuera del Parlamento. Y cabe preguntarse: ¿era necesario este curso de procedimientos que da la sensación de rápida imposición política y niega una mayor participación popular en el debate y resolución de este delicado asunto? Yo no lo creo. Y la justificación de que hay que resolverlo de una vez, porque la derecha adquiere posiciones ultramontanas en este tema, me parece sumamente débil. Tampoco es suficiente con que haya mucha gente en la demostración del Día del Orgullo Gay, que celebrará la aprobación de la normativa. Porque, en el fondo, parece que la fuerza no está en los argumentos, y se deja la sensación de que no serían tan sólidos ni tan populares como se decía.