SALVEMOS AL INAMU

DEL IRRESPETO A LA FUNCION PUBLICA

Fundación Género y Sociedad (GESO)

Hemos recibido un comunicado de prensa bajo el título “A confesión de parte...”, que aparece con el papel timbrado del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y nos causa verdadera consternación. No sabemos si tal comunicado procede de una sección específica del INAMU y si tiene conocimiento del mismo su máxima responsable, pero nos parece que su forma y fondo no corresponde en absoluto a una entidad de todos los costarricenses y que, por tanto, constituye una profunda falta de respeto al carácter de institución pública que tiene por Ley de la República el INAMU.

El texto del comunicado, lleno de adjetivos descalificatorios para cualquiera que se oponga al proyecto de Ley de penalización de la violencia contra las Mujeres, arremete contra representantes de la ciudadanía en la Asamblea Legislativa, tanto a nivel personal como de grupo parlamentario. Así, los que se oponen a la redacción del presente proyecto “son hombres confesamente agresores y violentos” y en este contexto, mencionan al diputado Huezo y a la fracción parlamentaria del Movimiento Libertario, a la que se le acusa de “misógina” y de colocarse “de hecho al lado de los agresores”.

Un texto de esta naturaleza, que podría ser objeto de una querella jurídica, no está hecho por un ciudadano o una ciudadana que expresa sus airados sentimientos, sino que es un texto sin firma emitido por una institución pública, que debe estar bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo y respetar la división de poderes que se supone forma la base de la democracia costarricense. La falta de criterio y de respeto por la función pública que demuestra este comunicado nos ofende como ciudadanas y ciudadanos y nos obliga a pedir responsabilidades a la Presidenta Ejecutiva del INAMU y, en última instancia, al Gobierno legítimamente constituido.    

En este contexto de irresponsabilidad sin límites, el comunicado no deja de incluir argumentos falsos, terrorismo verbal y ofensa a la inteligencia. En primer lugar, es rotundamente falso que la actual redacción del proyecto de ley, haya incluido las modificaciones y correcciones que fueron presentadas por diferentes instancias y personas. En realidad, efectivamente el proyecto se ha modificado bastante desde su texto original, que era por supuesto, mucho peor que el actual, pero no es cierto que haya recogido las sugerencias de entidades judiciales, en especial de la Corte Plena y más recientemente, de la Sala Constitucional. Resulta lamentable este comunicado, cuando una de las objeciones más claras que se le hace al texto, por parte de parlamentarios y parlamentarias de los distintos grupos políticos, es precisamente la evasión que se ha hecho de una rigurosa toma en consideración de todas las objeciones de la Sala Constitucional.  

Nuestra experiencia, desde la sociedad civil, es que solo se han tomado en consideración algunas de las propuestas realizadas por GESO, mientras las que nos parecen más contraproducentes y dañinas para una ley penal de esta naturaleza, han sido reiteradamente desconocidas; al tiempo que, por hacerlas y mostrar nuestro disenso con el texto actual, hemos recibido ofensas e injurias que, en cierto caso, también procedieron de alguna sección del INAMU. Todo indica que el uso y manejo que hacen personas y grupos de esta institución pública es un daño que hay que reparar con urgencia.

Como si no tuvieran argumentos sólidos para debatir, en el comunicado se vuelve a recurrir al chantaje verbal. De nuevo, se sugiere que quienes no estén de acuerdo con el texto del proyecto que se debate son cómplices de las muertes de las mujeres. Así se afirma “no nos cansaremos de preguntar cuántas más tienen que morir”. Como es sabido, las personas más responsables que defienden la aprobación del proyecto de ley, pese a sus deficiencias, rechazan esta argumentación enfermiza. Nadie quiere que muera ninguna mujer más, pero si el argumento es el número de muertes de mujeres, una institución pública como el INAMU debería ser rigurosa en el tratamiento de la información estadística. El comunicado da la sensación de que las mujeres son la categoría de mayor riesgo de ser víctimas de homicidio en Costa Rica, algo que es rotundamente falso: los homicidios de mujeres en este país, representan en torno al 10% de los homicidios totales y el riesgo específico de ser víctimas de homicidio, es el menor con respecto a otras categorías sociales: los hombres por supuesto, mucho menor que los jóvenes e igual o menor que los menores de 18 años. Las víctimas de homicidio causadas por violencia de género no llegan a inducir el 8% de las víctimas de homicidios totales del país. Ciertamente, hay que detener este tipo de homicidios, pero procedente que una institución pública como el INAMU, se interrogara sobre las dimensiones de género de los tipos de violencia que causan el restante 93% de los homicidios.

El comunicado concluye con un mensaje para los hombres que resulta una verdadera ofensa para la inteligencia. Se afirma que “la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres no es una ley contra los hombres” y, en efecto, eso es lo que no debería ser. Sin embargo, el texto concreto del proyecto, penaliza el insulto, la desvalorización, el chantaje emocional, de los hombres hacia las mujeres con meses y años de cárcel, cuando toda la información disponible muestra que estas acciones son claramente de doble vía en los conflictos de pareja. ¿Cómo quieren que entiendan los hombres esta clara injusticia compensatoria? Una defensora del proyecto de ley argumentaba que no debemos pensar que las mujeres utilicen de mala manera esos desbalances, pero eso es una ofensa contra la abogacía: ¿qué abogada o abogado no va a utilizar esos artificios en los casos de separación y divorcio? En realidad, serían malos profesionales si no los utilizaran.

Lo más lamentable de todo esto es que los defectos del proyecto de ley son absolutamente innecesarios y están cargando de razón a quienes efectivamente se opondrían a cualquier ley que hiciera avanzar la equidad de género en el país. Existe coincidencia –también entre el diputado Huezo y el INAMU- acerca de que el debate sobre este proyecto de ley ha puesto de manifiesto la falta de conocimiento en materia de género que tienen muchos miembros de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, reiteramos nuestra demanda de que el INAMU retome su deber fundamental de establecer planes nacionales para la equidad de género, y, en ese contexto, establezca algún acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para, de una forma amplia y actualizada, asistir a los legisladores en materia de género. En todo caso, a una institución pública como el INAMU no le corresponde utilizar argumentos personalizados y poco rigurosos en un debate nacional y, ante todo, en ningún caso, irrespetar los poderes de la República y el verdadero sentido de la función pública.     

San José, 25 de Noviembre de 2004

Comunicado de prensa

A CONFESIÓN DE PARTE….

Una vez mas comprobamos que – por alguna nada extraña razón –  algunos de quienes se oponen visceralmente al proyecto de Ley de Penalización de la violencia en contra de las mujeres son hombres confesamente agresores y violentos.

El día de ayer, en el plenario legislativo, el diputado oficialista Huezo declaró – sin empacho - ante la opinión publica haber agredido a su esposa tratando de minimizar así la lesividad de este tipo de conducta como algo habitual en la vida de las parejas y por ende, descalificando la necesidad de una ley sancionatoria.

Recapitulemos: ¿quienes más se han opuesto a esta ley de manera irracional?

Por un lado, los integrantes de la llamada Asociación de Padres Separados una mayor parte de los cuales tienen medidas de protección aplicadas en su contra por violencia doméstica. 

Por otro lado, los diputados del Movimiento Libertario cuya misoginia y mala voluntad hacia este proyecto también ha sido demostrada pues han sido múltiples las oportunidades que en cinco años han tenido para hacer una oposición responsable a este proyecto y para garantizar una protección efectiva a las mujeres que sufren maltrato en este país. No obstante, su labor ha sido  francamente obstruccionista con lo cual – queriéndolo o no – se colocan de hecho al lado de los agresores.

Contrariamente, todas aquellas sugerencias, modificaciones y correcciones que, de buena fe, fueron presentadas  por diferentes instancias y personas  (diputados y diputadas, Procuraduría General de la Republica, Corte Plena, Sala Cuarta) para mejorar este proyecto de ley  se encuentran reflejadas en el texto actual

Podríamos afirmar, casi sin ninguna duda, que este ha sido uno de los proyectos más consultados, más debatidos, de la historia de nuestro país.  ¡Cuánto nos cuesta a las mujeres ser escuchadas!  No nos cansaremos de preguntar: ¿cuantas más tienen que morir?

Resulta insultante para la dignidad de este país que hayan leyes que solo requirieron tres días para ser aprobadas y las mujeres llevamos ya cinco años (entiéndase  1825 días) luchando para que se apruebe este proyecto.  Claro,  por la aprobación de este proyecto no se reciben comisiones ni dádivas, solo el reconocimiento histórico y la gratitud personal de miles de mujeres. 

¡Confiamos que las señoras y señores diputados de esta legislatura sabrán estar a la altura de los tiempos!

Para concluir un mensaje a toda la ciudadanía, pero especialmente para los hombres de este país.  La ley de penalización de la violencia en contra de las mujeres no es una ley contra los hombres, es una iniciativa a favor de los derechos humanos, de la dignidad y de la vida de las mujeres.  Es para proteger a sus hijas, madres, hermanas, compañeras de hombres violentos que no saber convivir.  Y, como dice la sabiduría popular: ¡quien no tiene rabo que le majen… no tiene de que preocuparse por la aprobación de esta ley!

Compren 34-04

24/11/04

Más información con la Unidad de Comunicación Teléfono 253-8066 ext. 251

234-2449