ASAMBLEA LEGISLATIVA:

DE LA REBELDIA A LA RESPONSABILIDAD

Fundación Género y Sociedad (GESO)

La semana pasada se ha producido en la Asamblea Legislativa un fenómeno de acción reactiva que necesita ser valorado para entender mejor el procesamiento que está teniendo el proyecto de Ley de penalización de la violencia contra las mujeres adultas. Cuando todo parecía preparado para hacer coincidir la aprobación en primer debate de ese proyecto con la conmemoración del 25 de noviembre, usando desde presiones irrespetuosas hasta vestimentas para la foto, legisladores y legisladoras, utilizando diferentes vías, se rebelaron contra la presión ambiental y se negaron a votar el proyecto.

Sin embargo, esta rebelión política no nos parece únicamente producto de una reacción ante las ofensas del comunicado del INAMU, que todos los parlamentarios condenaron, independientemente de su posición ante el proyecto de ley, o contra  los discursos ofensivos que se emitieron ante el edificio de la Asamblea. Estamos convencidos de que refleja también las profundas dudas que aumentan entre los diputados y diputadas sobre los problemas que contiene el proyecto.

De esta forma, los discursos marcados por esa necesidad de rebeldía psicológica y política, como el pronunciado por doña Elvia Navarro, fusionaban consistentemente la necesidad de romper con el clima de presión, con las dudas crecientes que suscita el proyecto en su contenido sustantivo.

Las defensoras del proyecto no quisieron dar el debate, precisamente para producir rápidamente la votación. Sin embargo, una de ellas, al intervenir para exigir esa votación, subrayó que dicho proyecto tiene un futuro constitucional incierto y que será objeto de contestación reiterada. Esta percepción nos parece acertada, pero no entendemos cómo desde ahí se puede pasar a la petición de una votación nominal, como si se tratara de un hito especial. Si la idea era aumentar la presión intimidatoria, la respuesta de la Asamblea, no votando el proyecto, debería ser aleccionadora.

En la sesión del jueves, destacaron los discursos de quienes “personalmente” no están de acuerdo con el proyecto de ley, pero están dispuestos a aprobarla. Quizás la expresión más acabada de esa posición fue la emitida por don José Miguel Corrales. En primer lugar, trató de mostrar cómo una ley necesaria (y para ello utilizó datos de GESO) tendría problemas de aplicación si se tratara de una penalización expansiva: ¿cuánta policía sería necesaria, cuántos nuevos juzgados, cuántas nuevas cárceles, para punir el insulto o la amenaza con penas severas? Es cierto, la redacción de la presente ley la coloca ante una disyuntiva atroz: bloquear el sistema penal o convertirse en letra muerta. Pero es en la conclusión de su discurso, donde don José Miguel expresa la gran paradoja: afirma que no es el proyecto que él redactaría, que él lo haría de una forma diferente (con criterios con los que GESO estaría de acuerdo), pero eso lo hace inmediatamente después de anunciar su intención favorable de voto. Igual que cuando se produjo el debate en la comisión de asuntos constitucionales: don José Miguel subrayó que no se atendía con seriedad a las indicaciones de la Sala IV, pero al final anunció que estaba dispuesto a hacer a un lado sus observaciones, para no entorpecer la aprobación de un proyecto (dudosamente constitucional).

Una posible interpretación de esta posición es que algunos diputados no soportan las presiones o, peor aún, que tienen falta de carácter. Sin embargo, no creemos que ese sea el caso de don José Miguel Corrales, quien ha dado sobradas muestras de tenerlo. Nos parece que la razón que está detrás es que, en un contexto en que se declara poco conocedor en materia de género, don José Miguel cree que el proyecto de Ley, más allá de sus defectos, responde a una lógica progresista que busca el bien para las mujeres como parte del bien común.

Sin embargo, es precisamente eso lo que está en debate. Los diputados y diputadas tienen que saber que existe una profunda discusión en el ámbito de quienes trabajamos por la equidad de género. Existe una propuesta ideológica que confunde género con mujer y es consecuentemente partidaria de una penalización extensiva, que haga de las mujeres víctimas y de los hombres victimarios. Esta perspectiva está siendo objeto de una fuerte crítica por parte de feministas reconocidas, como es el caso de Elisabeth Badinter, con su reciente libro “Por mal camino” (Alianza, 2004).

Y hay una perspectiva distinta, género-inclusiva, que considera que la penalización debe usarse restrictivamente, sin crear injusticias innecesarias, a partir de la consideración de que los hombres son parte del problema, pero también parte de la solución. Así, cuando GESO disiente de un proyecto que trata de hacer de la penalización una herramienta de prevención directa, penalizando con dureza el insulto o el chantaje, únicamente de los hombres hacia las mujeres, o cuando rechaza los tipos abiertos, como las “relaciones de poder y confianza”, no lo hace solamente por principios generales de derecho, sino desde razones específicas de género. A nuestro juicio, una ley que contiene esa perspectiva no sólo es técnicamente improcedente, es sobre todo moral y políticamente incorrecta. GESO rechaza la lógica de que el fin justifica los medios o que la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres deba hacerse al margen del trabajo contra la violencia social. No estamos negando los aspectos específicos de la violencia de género, sino afirmando que ésta no puede ser vista fuera del contexto de las relaciones sociales y de género.

Por eso, solicitamos de don José Miguel y otros diputados y diputadas, que encaren el trabajo con este proyecto desde una actuación en conciencia, creyendo plenamente en su percepción personal que les alerta de los problemas que contiene. Como dijo Leonardo Garnier, la violencia de género no se enfrenta con una ley, sino con una buena ley. Y si nos equivocamos al respecto, puede que el remedio sea peor que la enfermedad.

En todo caso, no aceptamos la información parcial o manipulada. Ahora se nos dice que en los últimos cinco años han sido asesinadas 118 mujeres. El dato puede ser correcto, pero la intención es darnos la idea del alto riesgo que tienen las mujeres al respecto. Sin embargo, en ese mismo período han sido víctimas de homicidio 1376 personas, es decir ese tipo de violencia contra la mujer supone el 8.5% de los homicidios totales. Las mujeres siguen teniendo la tasa de homicidios más baja del país, sólo comparable a la de los menores de 18 años. La verdadera masacre se está produciendo con los jóvenes entre 16 y 29 años, aunque su muerte nos inquiete mediáticamente mucho menos. Estamos de acuerdo con penalizar la violencia de género contra las mujeres, pero teniendo claro el contexto social en que lo hacemos, para tomar las decisiones políticas adecuadamente.

San José, 29 de noviembre del 2004.